La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el diálogo social como el conjunto de todo tipo de negociaciones, consultas o simple intercambio de informaciones entre representantes de los gobiernos, los empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social. Su principal objetivo es el de promover el logro de un consenso y la participación democrática de los principales interlocutores presentes en el mundo del trabajo.

Castilla y León ha alcanzado un alto nivel de concertación social siendo pionera en su desarrollo así como referente en cuanto a reforzar la eficacia y el apoyo de las actuaciones mediante el obligado concurso de las organizaciones sociales y económicas. Está contemplado por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como uno de los principios rectores de las políticas públicas, y regulado por la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional.