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Todos sabemos el papel importante que juegan las herramientas TIC en el quehacer diario del profesorado. Conocer las posibilidades de estas herramientas y conseguir un óptimo desarrollo en las competencias digitales del profesorado, es uno de los principales objetivos que tiene este curso. Estas herramientas están englobadas en el entorno que conocemos como Office 365 (O365): un conjunto de herramientas TIC tanto de ofimática, comunicación así como de coordinación y organización de los materiales que el profesorado usa en su día a día con su alumnado. Los servicios de Office 365 (O365) incluyen todo lo necesario para poder ofrecerles un entorno donde poder trabajar de manera intuitiva, segura y colaborativa. |
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La pregunta puede parecer sencilla, pero su respuesta encierra consecuencias tan críticas como un incendio que se propaga en segundos: ¿están obligados los comercios a revisar sus sistemas contra incendios cada trimestre? La duda persiste entre pequeños comercios, grandes superficies y cualquier establecimiento donde la seguridad no puede dejarse al azar. Antes de profundizar en obligaciones legales y protocolos de revisión, detengámonos a imaginar un escenario demasiado habitual: un cortocircuito en una trastienda mal ventilada, una chispa que prende y una llama que se propaga sin control. En minutos, el esfuerzo de años puede desaparecer entre cenizas.
Los incendios en comercios no son eventos aislados ni excepcionales. Según el informe “Estamos Seguros” de Unespa, el 8,5% de los incendios se producen en locales comerciales. Este porcentaje supera incluso al registrado en instalaciones industriales, lo que debería despertar alerta entre cualquier propietario de negocio. La seguridad contra incendios no es opcional: es una necesidad que puede marcar la diferencia entre la continuidad y el cierre definitivo de un comercio.
El Real Decreto 513/2017, que regula las instalaciones de protección contra incendios, establece con claridad que los comercios deben realizar revisiones trimestrales de sus sistemas. Estas inspecciones pueden ser realizadas por el titular del negocio, siempre que cumpla los requisitos técnicos, o delegadas a profesionales especializados. No es un mero trámite administrativo: cada revisión debe registrarse en acta y conservarse durante cinco años, constituyendo un escudo legal frente a sanciones o responsabilidades en caso de siniestro.
La protección activa contra incendios va más allá de instalar extintores o señalizar salidas. Implica un compromiso permanente con la seguridad. Cada inspección debe asegurar que los extintores funcionan correctamente, que la señalización es visible y que los sistemas automáticos de detección y extinción operan sin fallos. Ignorar este mantenimiento puede ser un error irreversible.
Un extintor caducado es comparable a un paracaídas con agujeros: inútil en el momento crítico. Sin embargo, en muchos comercios, su revisión se pasa por alto como si fueran objetos decorativos. La normativa exige revisiones visuales trimestrales y controles completos anuales por técnicos cualificados. Cada conato de incendio puede contenerse si se actúa con rapidez y los medios son efectivos, y un extintor funcional es la primera línea de defensa.
Desde comprobar la presión y el estado físico de los extintores hasta revisar luces de emergencia y detectores de humo, todo debe quedar registrado. La documentación no es un mero formalismo: en caso de siniestro, el seguro solo cubrirá daños si se ha cumplido con las inspecciones según la normativa vigente.
Uno de los aspectos más críticos de la prevención de incendios es la correcta ignifugación de materiales. La obligación de aplicar tratamientos ignífugos depende del riesgo del local y de los materiales presentes: tiendas de ropa, zapaterías, librerías o restaurantes con cocinas industriales deben prestar especial atención. La ignifugación no solo reduce la propagación del fuego, sino que protege vidas y minimiza daños materiales.
La aplicación de ignifugaciones debe ser realizada por empresa de tratamientos ignifugos autorizada y renovarse periódicamente, especialmente tras modificaciones en la distribución del local o en los materiales expuestos. La correcta elección de productos y su mantenimiento son tan esenciales como tener un sistema de detección de humo funcional.
No todos los comercios requieren los mismos niveles de protección. La exigencia de ignifugación y revisiones depende del riesgo que implica la actividad y los materiales presentes:
En estos casos, las autoridades pueden requerir que techos, cortinas, paneles y estructuras sean tratados con productos ignífugos certificados. Las inspecciones periódicas garantizan que estos tratamientos mantengan su eficacia y que el riesgo se mantenga controlado.
Los daños por incendios no se limitan a pérdidas materiales. Implican cierre temporal, pérdida de reputación, interrupción de la actividad y afectación del personal. Un incendio puede generar un incremento del 11,5% en los costes frente a la media de reclamaciones según Unespa. El coste medio de restauración tras un incendio de origen eléctrico puede oscilar entre 1.500 y 5.000 euros, sin contar reformas necesarias para cumplir nuevas exigencias legales antes de reabrir.
Delegar la prevención a la suerte es una temeridad. La responsabilidad legal siempre recae en el titular del establecimiento. Las actas de revisión deben estar firmadas, accesibles para inspección y conservarse como evidencia de cumplimiento. Fallar en este aspecto puede conllevar sanciones, pérdida del seguro o incluso la clausura del negocio.
La protección contra incendios no es un gasto, sino una inversión en seguridad y continuidad. Revisar sistemas, mantener extintores operativos y aplicar ignifugaciones no es opcional; es esencial. La prevención permite actuar con rapidez ante conatos y reduce la probabilidad de que un incidente se convierta en desastre. La seguridad debe integrarse en la cultura del comercio, creando conciencia entre empleados y propietarios.
Además, la protección contra incendios es un compromiso con clientes y trabajadores, demostrando que la empresa prioriza la seguridad y la responsabilidad. La revisión trimestral, la documentación y el mantenimiento de sistemas no solo cumplen la normativa, sino que protegen el valor económico y reputacional de cualquier comercio.
Así que, los comercios sí están obligados a revisar sus sistemas contra incendios cada trimestre. Estas revisiones, junto con la correcta aplicación de ignifugaciones y el mantenimiento de extintores y sistemas de detección, constituyen la mejor defensa frente a un riesgo que puede arruinar años de esfuerzo en minutos. La normativa, lejos de ser una carga burocrática, es un instrumento para proteger vidas, inversiones y la continuidad de los negocios.
Invertir en protección contra incendios es invertir en seguridad, confianza y sostenibilidad. No hay margen para improvisaciones: la prevención efectiva empieza con disciplina, inspección periódica y compromiso total. Solo así un comercio puede garantizar que, en el momento crítico, está preparado para actuar antes de que el fuego escriba su propia historia.
Nuevas plazas para tres perfiles profesionales de la hostelería.
La Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes prepara el inicio de una nueva programación formativa que comenzará el próximo 1 de octubre, con tres cursos dirigidos a quienes quieran adquirir conocimientos especializados en distintas áreas del sector hostelero. La propuesta contempla formación gratuita en Cocina, Pastelería y Operaciones Básicas de Restaurante y Bar.
Cada uno de los programas tendrá una duración de 200 horas y contará con plazas limitadas. Las personas seleccionadas recibirán al finalizar una acreditación expedida por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 25 de septiembre.
La nueva convocatoria reúne tres especialidades vinculadas a diferentes puestos habituales en restaurantes, bares, cafeterías, hoteles y obradores. El programa de Cocina permitirá profundizar en las tareas propias de esta área, mientras que Pastelería estará orientado al trabajo específico de elaboración y preparación de productos. Por su parte, Operaciones Básicas de Restaurante y Bar abordará las funciones relacionadas con el servicio hostelero.
La programación ha sido diseñada para combinar contenidos específicos con actividades prácticas. De esta forma, las instalaciones municipales permiten desarrollar las distintas sesiones en espacios preparados para las necesidades de cada especialidad.
El centro dispone de espacios destinados al aprendizaje práctico de las diferentes disciplinas que integran los cursos. En las áreas relacionadas con la cocina y la pastelería, el equipamiento profesional resulta esencial para que los participantes puedan familiarizarse con las dinámicas habituales de un establecimiento hostelero.
Dentro de estos espacios, una mesa acero inox forma parte del equipamiento habitual de una cocina profesional por sus características de resistencia y facilidad de limpieza. Este tipo de superficie permite desarrollar diferentes tareas de preparación y manipulación de alimentos durante las sesiones prácticas.
La organización de una cocina destinada a la actividad hostelera exige contar con superficies de trabajo adaptadas al ritmo diario de preparación de alimentos. Una mesa acero inoxidable permite disponer de una zona resistente para realizar diferentes tareas y es habitual encontrarla tanto en cocinas profesionales como en obradores y otras instalaciones dedicadas a la elaboración alimentaria.
El mobiliario profesional adquiere así un papel relevante en espacios destinados a la práctica de Cocina y Pastelería, donde los alumnos necesitan trabajar con elementos similares a los que posteriormente pueden encontrar en restaurantes, hoteles, cafeterías u obradores.
La renovación o ampliación del equipamiento de una cocina profesional requiere recurrir a proveedores especializados que dispongan de soluciones adaptadas a las características de cada establecimiento. En ese mercado se encuentra Mi Mobiliario Hostelería, orientado a productos destinados al equipamiento de espacios profesionales del sector.
Este tipo de proveedores puede resultar de interés para negocios de restauración, obradores y otros establecimientos que necesitan incorporar superficies y elementos de trabajo adecuados para sus instalaciones.
La Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta mantiene una programación centrada en perfiles profesionales que forman parte de la actividad cotidiana del sector. Las sesiones prácticas permiten a los participantes familiarizarse con procedimientos y espacios de trabajo relacionados con las especialidades elegidas.
La duración de 200 horas por curso proporciona un periodo de formación específico en el que los alumnos podrán desarrollar los contenidos correspondientes a Cocina, Pastelería u Operaciones Básicas de Restaurante y Bar. La acreditación municipal se entregará una vez finalizado el programa.
La responsable del centro, Soraya Sánchez, ha señalado que los tres cursos previstos para octubre no serán las únicas propuestas formativas de la Escuela durante el año. El Ayuntamiento tiene previsto incorporar nuevas iniciativas de manera periódica, ampliando las alternativas disponibles para quienes quieran especializarse en distintas áreas de la hostelería.
La continuidad de esta programación permitirá incorporar nuevas materias y perfiles conforme avance el calendario, manteniendo activa la oferta del centro municipal.
Las personas interesadas en participar en cualquiera de los tres cursos pueden formalizar su inscripción hasta el 25 de septiembre mediante el correo electrónico maica.garcia@santamartadetormes.org. La convocatoria está sujeta a la disponibilidad de plazas, por lo que las solicitudes deberán realizarse dentro del plazo establecido.
Para resolver dudas o solicitar información adicional sobre los programas también se encuentra disponible el teléfono 923 20 06 07, con atención de 10:00 a 13:00 horas.
El inicio de las clases está previsto para el 1 de octubre, fecha en la que la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes pondrá en marcha esta nueva programación de 200 horas por especialidad. La convocatoria amplía las opciones formativas disponibles en el municipio y mantiene abierta la incorporación de nuevas propuestas durante los próximos meses.
Los fenómenos meteorológicos adversos ponen a prueba la capacidad de respuesta de los hogares murcianos.
Las lluvias torrenciales, las inundaciones y los episodios de viento intenso están adquiriendo un protagonismo creciente en el panorama meteorológico. En Murcia, esta realidad ha puesto sobre la mesa una cuestión que afecta directamente a miles de familias: la capacidad de los edificios residenciales para soportar situaciones extremas y la preparación de sus habitantes para responder ante una emergencia.
El grado de exposición de las viviendas ya no se mide únicamente por su antigüedad o sus características arquitectónicas. También intervienen factores como el estado de las instalaciones, los recursos disponibles en las zonas comunes y el conocimiento de los residentes sobre cómo reaccionar ante diferentes amenazas.
Los datos del informe 'Seguridad en edificios y viviendas', elaborado por Grupo Mutua Propietarios, reflejan la dimensión del problema. Un 9 % de los murcianos asegura haber vivido una experiencia cercana a un incendio, mientras que el 27 % ha tenido algún contacto próximo con inundaciones o temporales.
Las consecuencias de estos episodios también han llegado al interior de los hogares. Según las cifras recogidas en el estudio, los fenómenos meteorológicos extremos han ocasionado daños en las viviendas del 13,8 % de los residentes de la comunidad autónoma, un indicador que evidencia la exposición del parque residencial a las condiciones climáticas adversas.
La percepción de preparación, sin embargo, presenta diferencias según el tipo de emergencia. Los encuestados otorgan un 6,7 sobre 10 a la capacidad de sus edificios para afrontar una inundación, mientras que la puntuación baja hasta el 6,33 cuando se trata de un posible incendio.
La respuesta de los inmuebles ante las precipitaciones abundantes depende, en buena medida, de las soluciones constructivas y de los recursos técnicos instalados. El estudio señala que el 73 % de los edificios dispone de sistemas de drenaje, una medida extendida entre las comunidades de propietarios para facilitar la evacuación del agua.
También destaca que el 69 % cuenta con una sujeción adecuada de elementos exteriores, como los toldos, mientras que el 40 % dispone de puertas y ventanas reforzadas. Estas características adquieren especial relevancia cuando se producen rachas de viento fuertes o episodios meteorológicos que afectan a fachadas y cerramientos.
La situación cambia al analizar los sistemas de bombeo, presentes únicamente en el 28 % de los inmuebles. Esta diferencia muestra que determinadas infraestructuras todavía tienen una implantación limitada, pese a su utilidad cuando el agua alcanza garajes, sótanos y otras dependencias situadas por debajo del nivel de la calle.
A estas circunstancias se suma el conocimiento de los propios residentes. Según el informe, solo el 51 % de los encuestados sabría cómo actuar ante una inundación, mientras que el porcentaje desciende al 39 % cuando se trata de fuertes vientos. Ante un incendio, el 60 % afirma conocer cómo responder.
La distribución de los equipos de seguridad constituye otro de los aspectos destacados del estudio. La presencia de extintores polvo abc representa una de las soluciones habituales para responder ante determinados fuegos de materiales sólidos y líquidos inflamables. Estos dispositivos utilizan un agente extintor en polvo capaz de actuar sobre distintas clases de fuego, por lo que su eficacia depende de que el equipo seleccionado sea adecuado para el riesgo existente y se encuentre correctamente mantenido.
El extintor 6 kg es uno de los formatos habituales en instalaciones residenciales y espacios comunitarios. Su tamaño permite disponer de una cantidad de agente extintor superior a la de los modelos compactos, aunque su elección debe responder a las características del inmueble, los riesgos identificados y las condiciones de utilización.
Los extintores de CO2 emplean dióxido de carbono como agente extintor y resultan especialmente apropiados para determinados fuegos relacionados con equipos eléctricos, ya que no dejan residuos sólidos después de su descarga. Su utilización exige conocer sus limitaciones, especialmente ante materiales que pueden volver a arder una vez desaparecido el efecto del gas.
Una de las conclusiones más llamativas del documento es la diferencia entre el equipamiento de los edificios y el de las viviendas particulares. El 67 % de las comunidades residenciales dispone de extintores, frente al 55 % de los hogares. La distancia también se aprecia en otros recursos: únicamente el 16 % de los edificios cuenta con detectores de humo y el 14 % de las viviendas tiene instalado este dispositivo.
La señalización de las escaleras de emergencia alcanza el 26 % de los inmuebles, mientras que los rociadores automáticos apenas están presentes en el 11 % de los hogares analizados. Estas cifras dibujan un escenario en el que la dotación de protección no se distribuye de manera uniforme entre los distintos espacios residenciales.
El tamaño y la antigüedad de las construcciones también influyen en los resultados. En los edificios con más de 50 vecinos, la presencia de equipos de extinción alcanza el 84 %. La proporción llega al 92 % en las construcciones posteriores a 2011, lo que refleja una mayor implantación de estos recursos en los inmuebles más recientes.
El conocimiento sobre su utilización presenta, además, un margen de mejora. El 64 % de los murcianos asegura saber manejar un equipo de extinción, mientras que el 36 % reconoce que únicamente tiene una idea general sobre su funcionamiento.
El impacto de las noticias sobre inundaciones, incendios y temporales también influye en la percepción de seguridad de los ciudadanos. El informe señala que un 43 % de los encuestados manifiesta una preocupación elevada ante la posibilidad de sufrir una inundación, incluso sin haber experimentado directamente un episodio de estas características.
En el caso del fuego, la inquietud alcanza al 60 % de los residentes consultados. Esta preocupación aumenta entre quienes viven en edificios de grandes dimensiones, donde llega al 64 %.
Sin embargo, el interés por contar con inmuebles mejor preparados no siempre se convierte en una decisión económica. Los participantes valoran la seguridad de sus edificios con una media de 6,42 puntos sobre 10, pero solo el 51 % estaría dispuesto a invertir dinero en mejorar las condiciones de protección de su vivienda o comunidad.
José Luis Marín de Alcaraz, subdirector general de Operaciones de Grupo Mutua Propietarios, destaca que la seguridad residencial requiere prestar atención tanto a las características de las construcciones como a la capacidad de respuesta de sus habitantes.
Las cifras del estudio dejan una cuestión abierta para el sector residencial: la adaptación de los edificios a unas condiciones meteorológicas cada vez más exigentes dependerá tanto de las infraestructuras disponibles como de las decisiones que adopten propietarios y comunidades ante los riesgos que pueden afectar a sus hogares.
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